El costo de tropezar dos veces con la misma piedra

Resumen ejecutivo

Una corrección que reprodujo la falla que decía haber solucionado

La relevancia de Joyce Barber v. Lawrence J. Morawa, MD no reside únicamente en la aparición de autoridades jurídicas inexistentes. La Corte de Apelaciones de Michigan evaluó una secuencia reiterada: presentaciones defectuosas, advertencias expresas de la contraparte, una corrección tardía y una nueva falla de verificación dentro del documento que afirmaba haber implementado controles.

La opinión publicada el 17 de junio de 2026 confirmó la negativa a conceder un nuevo juicio o una audiencia probatoria en una causa civil por mala praxis médica. Al mismo tiempo, consideró que la apelación fue vexatious —temeraria o abusiva en el contexto procesal— y ordenó determinar los daños, gastos y honorarios razonables ocasionados directamente por la apelación, que deberán ser pagados personalmente por el abogado de la parte actora.

Para estudios jurídicos y áreas legales, el caso aporta una advertencia más precisa que la mera existencia de citas fabricadas: declarar que existen protocolos no demuestra que el control haya sido efectivo. La evidencia decisiva está en el procedimiento aplicado y en la posibilidad de reconstruirlo.

El litigio de origen

Una demanda por mala praxis médica y un pedido de nuevo juicio

El proceso se originó en una cirugía de reemplazo de cadera realizada en octubre de 2020. Joyce Barber demandó al médico Lawrence J. Morawa y formuló reclamos por mala praxis y negligencia.

Después de un juicio de cinco días, el jurado concluyó que el médico no había actuado negligentemente. La parte actora solicitó un nuevo juicio o, subsidiariamente, una audiencia probatoria, alegando irregularidades y conducta impropia de jurados. La Corte de Apelaciones entendió que esas alegaciones dependían de hechos fuera del expediente, no estaban respaldadas por declaraciones juradas válidas y tampoco demostraban una afectación material de derechos sustanciales.

La negativa a conceder el nuevo juicio fue confirmada. El análisis sobre inteligencia artificial surgió como una cuestión separada, provocada por la forma en que el abogado fundamentó sus presentaciones.

Patrón reiterado

Una secuencia de advertencias desatendidas

La Corte no examinó una equivocación aislada. Consideró una cadena de presentaciones en las que se repitieron autoridades inexistentes y atribuciones incorrectas, incluso después de que la contraparte señalara expresamente las deficiencias.

• Diciembre de 2024: en una moción para obtener una orden de protección se citó “People v. O’Keefe”, una autoridad fabricada. La contraparte identificó el problema.
• Febrero de 2025: en el pedido de nuevo juicio o audiencia probatoria se citaron “People v. Stubblefield” y “People v. Royster”, dos precedentes inexistentes. La contraparte volvió a advertir que no era la primera vez que aparecía una cita de ese tipo.
• Apelación: el escrito citó “Meyer v. Walker”, otro caso inexistente, y utilizó precedentes reales para sostener estándares o proposiciones que no surgían de ellos.
• Respuesta posterior: pese a que la contraparte identificó las deficiencias en su escrito, la réplica abordó el fondo sin reconocer ni corregir oportunamente la autoridad fabricada.

La sucesión fue determinante para la evaluación judicial. Al momento de presentar la apelación, el abogado ya había recibido dos advertencias previas sobre autoridades inexistentes en escritos anteriores.

Núcleo del caso

La corrección que volvió a fallar

Menos de tres semanas antes de la audiencia oral, el abogado presentó una “Notice of Correction”. Allí aceptó plena responsabilidad por los errores, los atribuyó a una dependencia excesiva de herramientas de investigación con inteligencia artificial y afirmó haber implementado protocolos de verificación para evitar una repetición.

La corrección, sin embargo, volvió a atribuir a precedentes reales frases y proposiciones que no contenían. La sentencia destaca, entre otros puntos, que se adjudicaron al caso Miller expresiones relativas a información externa perjudicial e influencia externa que en realidad pertenecían a una regla probatoria distinta y no aparecían en ese precedente.

Durante la audiencia oral, el abogado reconoció que también había utilizado inteligencia artificial para preparar la propia corrección. La Corte subrayó la contradicción objetiva: el documento que anunciaba nuevos protocolos reprodujo la misma clase de falla de verificación.

Deber profesional

Qué decidió la Corte sobre la investigación razonable

La Corte sostuvo que la presentación de autoridades fabricadas o carentes de respaldo violó el deber de investigación razonable establecido por MCR 1.109(E)(5).

Según esa regla, la firma del abogado certifica que leyó el documento y que, conforme a su conocimiento y convicción formados después de una investigación razonable, la presentación está fundada en hechos y respaldada por el derecho vigente. La opinión remarca que la razonabilidad de esa investigación se evalúa objetivamente: la buena fe subjetiva no reemplaza el control exigible.

La Corte formuló tres exigencias concretas para quienes utilizan herramientas de inteligencia artificial en investigación o redacción jurídica: verificar que las autoridades citadas existan, leer efectivamente las fuentes utilizadas y comprobar que esas fuentes respalden la proposición para la cual son invocadas.

La sentencia no identifica una herramienta o producto determinado. Su razonamiento se dirige al proceso profesional de verificación y a la responsabilidad asociada con la firma y presentación del escrito.

Consecuencias jurídicas

Una apelación considerada temeraria y un costo personal todavía no cuantificado

La Corte consideró que la apelación fue vexatious bajo MCR 7.216(C)(1)(b), porque el escrito incumplió reglas procesales y desatendió gravemente las exigencias de una presentación leal y adecuada de las cuestiones sometidas al tribunal. Una vez constatada la infracción del deber de investigación razonable, MCR 1.109(E)(6) exigía además la imposición de una sanción apropiada.

• Se confirmó la decisión que había rechazado el pedido de nuevo juicio o audiencia probatoria.
• Se devolvió el expediente al tribunal de primera instancia para celebrar una audiencia probatoria y determinar los daños reales, gastos y honorarios razonables generados directamente por la apelación.
• El importe que se determine deberá ser pagado personalmente por el abogado de la parte actora.
• La sentencia no fijó todavía una suma definitiva. Cualquier cifra atribuida hoy a este caso sería incorrecta.
• La Secretaría de la Corte debe remitir la opinión a la Michigan Attorney Grievance Commission para una posible investigación.
• La remisión disciplinaria no equivale a una sanción ética firme ni permite afirmar que existió suspensión o inhabilitación.

Análisis Tracewarden

Una remediación defendible debe producir evidencia de un cambio real

El valor del caso para la gobernanza de IA jurídica está en la distancia entre una afirmación formal de control y la ejecución verificable de ese control.

Aplicación para Argentina

La lógica del fallo es relevante aunque las reglas procesales no sean trasladables automáticamente

MCR 1.109 y las reglas de apelación de Michigan no rigen en Argentina. Sin embargo, el razonamiento institucional del fallo ofrece una advertencia útil para la práctica local.

La firma de un escrito mantiene la responsabilidad profesional de quien lo presenta. La intervención de una herramienta de IA no sustituye los deberes de diligencia, competencia, confidencialidad ni control sobre las fuentes y afirmaciones incorporadas al documento.

La práctica argentina no contiene una obligación general y uniforme de revelar todo uso de inteligencia artificial en cualquier presentación. Esa cuestión depende de la norma aplicable, del tribunal, de las reglas profesionales y de las características del caso. Aun cuando no exista deber de revelación, continúa siendo necesario poder demostrar que hubo revisión suficiente y que el resultado presentado era defendible.

Cierre

La defensa futura comienza antes de firmar

Los tribunales ya no observan solamente el contenido presentado. Cada vez adquiere mayor importancia el proceso profesional que permitió producirlo, verificarlo y firmarlo.

Barber v. Morawa muestra que una corrección tardía no neutraliza por sí sola la exposición. Cuando el mismo documento destinado a remediar una falla repite la deficiencia, el procedimiento de control se convierte en parte central de la evaluación judicial.

Respaldo documental

Fuentes verificadas

La sentencia oficial es la fuente primaria y prevalece ante cualquier diferencia. Las otras fuentes se utilizan de forma complementaria y con alcance expresamente delimitado.

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Seguir el recorrido desde este análisis

El caso se conecta con otros antecedentes del Observatorio sobre referencias inexistentes, validación insuficiente, responsabilidad del firmante y necesidad de controles documentados.